Ana Cristina Neyra Zegarra se convirtió este miércoles en la nueva ministra de Justicia y Derechos Humanos, tras la renovación de Gabinete que, cerca del mediodía, ofició el presidente Martín Vizcarra. La abogada sucede a Fernando Castañeda Portocarrero, quien llevaba poco más de cinco meses en el puesto.
Neyra ya se perfilaba como carta de confianza del Ejecutivo, pues era consultora del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. A continuación, un repaso por su trabajo en el Estado y el sector privado, además de sus grados académicos y experiencia docente.
Abogada, profesora y funcionaria en el Estado
La nueva titular de Justicia es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con título emitido el 2008. Además, tiene estudios de maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional (PUCP), máster en Democracia y Gobernabilidad (Instituto Ortega y Gasset), y diplomatura de Argumentación Jurídica (PUCP y Universidad de Alicante).
Además ha sido profesora de la PUCP, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, hasta la actualidad, de la Universidad del Pacífico. Sus principales materias de conocimiento son el derecho electoral, la jurisprudencia constitucional y el acceso a la información pública.
Entre 2007 y 2008 fue asistente del Gabinete de Asesores de la presidencia del Poder Judicial. También ocupó, por un periodo de casi ocho años, entre 2009 y 2016, diversos cargos de asesoría y coordinación dentro del Jurado Nacional de Elecciones. En 2016, llegó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como consultora del Acuerdo Nacional de Justicia y, en 2017, pasó a ser asesora de Alta Dirección para el análisis de autógrafas de ley del Congreso en materia de Derecho Constitucional, Derecho Público y derechos humanos.
Luego de dos años en el sector Justicia, fue encargada como secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política; donde contribuyó en la fundamentación y el diseño de los proyectos de ley del Ejecutivo.
Asume en medio de críticas a la política penitenciaria frente a la pandemia
Hace unos días, la Junta de Portavoces del Congreso había aprobado someter a votación el pedido para interpelar al ahora ex ministro de Justicia, Fernando Castañeda, y a los titulares de Salud y Educación. El propósito era interrogar a Castañeda sobre las medidas de bioseguridad y prevención de contagio de coronavirus dentro de los penales del país, pues en algunos ya se han presentado brotes de la enfermedad y registrado muertes tanto de presos como de agentes penitenciarios.
A minutos de oficializarse su salida del Gabinete, Castañeda señaló en su cuenta de Twitter que deja “un conjunto de medidas encaminadas para seguir enfrentando la pandemia en salvaguarda de las poblaciones vulnerables en el sector».