El estado de Arizona (EEUU) demandó a Google en mayo, acusando a la compañía de engañar en sus términos de uso y en su política de privacidad, alegando que ciertos permisos permanecían activos, incluso después de haber sido rechazados por los usuarios.
Una demanda contra Google ha puesto sobre la mesa nuevas informaciones en lo que concierne a su política de tratamiento de datos y al rastreo de la ubicación: y sus propios ingenieros han reconocido que la configuración es confusa, tanto para los usuarios de la compañía, como para los empleados de la misma.
Por esa razón, en mayo, el fiscal general del estado de Arizona, Mark Brnovich’s, puso una queja a la tecnológica por ser opaca en cuanto a sus términos de privacidad y porque, pese a que la gente rechazara algunas de las opciones, estas permanecían activas. Por ejemplo, la localización.
En un extracto de la demanda, que se hizo pública la semana pasada en el medio local Arizona Mirror, varios técnicos de Google reconocieron que la configuración de la compañía está hecha de tal forma que es muy complicado para los usuarios desactivar ciertas preferencias.
«Parece que está diseñada para configurar todas las posibilidades, aunque, en realidad, es tan sumamente compleja que jamás podrás apañártelas para elegir los ajustes que quieres«, dice un trabajador de la compañía, como ha dado a conocer la misma fuente.
«Es evidente que es equívoca [la política de privacidad] si necesitamos que otros compañeros nos la expliquen a nosotros«, comenta otro empleado.
«Llevamos mucho tiempo construyendo el control de los datos y nuestro equipo trabaja constantemente para mejorarlos«, declaraba un portavoz de Google a Arizona Mirror. «En cuanto a la información sobre la ubicación, hemos escuchado los comentarios y el feedback que se nos ha dado y hemos trabajado para mejorar. De hecho, a las informaciones publicadas se les ha olvidado mencionar que el objetivo del equipo responsable era reducir la confusión sobre los ajustes y su historial«, añadía.
En parte, la queja interpuesta procede de una investigación previa de Associated Press, que comprobó que la tecnológica seguía obteniendo la ubicación de sus usuarios, incluso cuando estos la habían desactivado.
Entonces, Google se defendió de las acusaciones en un comunicado oficial. Ahora, vuelven a aparecer las sospechas, debido a las versiones de sus propios ingenieros alegando que los términos sí son engañosos.
«Estoy de acuerdo. Desactivar la ubicación debe significar desactivar la ubicación, y no excepto en tal caso o el otro«, aclaraba otro empleado.
«Desde el punto de vista del usuario, no tiene sentido. Es más, yo mismo pensé que tenía los datos de localización apagados en mi móvil«, admitía otro técnico del gigante, como recoge el medio local. «Es lo suficientemente complicado como para que nosotros, los especialistas, no podamos entenderlo bien. Eso no es bueno«, añadía.
El departamento fiscal ha escrito en la demanda que «incluso cargos altos de Google no comprenden las condiciones de uso de la ubicación«.
Nuevos documentos, que se han dado a conocer junto al extracto judicial, muestran que Google evitó responder a la investigación de Associated Press, calificando la reunión interna que tuvieron por ese motivo como «una reunión de mierda« para discutir ese aspecto y decidir cuál sería su posición pública.
«Los términos de uso y la política de privacidad buscan una actualización en la que habrá que ajustar el historial de ubicación, de modo que, en lugar de tener que desactivarlos 3 veces, se apaguen en un único ajuste«, apuntó como resumen de la reunión uno de los empleados de Google, se recoge en el mismo documento.
Según otros papeles, la firma tecnológica siguió la cobertura mediática de la polémica en la prensa y llegó a contabilizar 60.000 menciones sobre ese tema en las redes sociales. La compañía calificó como «negativa» cerca del 100% de esas noticias y referencias.
Pero no es la primera vez que Google se enfrenta al escrutinio legal en lo que al tratamiento de datos se refiere.
El pasado diciembre, después de recibir su tercera multa multimillonaria en 3 años, la Unión Europea le abrió una investigación por prácticas monopolísticas, precisamente, por la forma en que recaba la información personal y de navegación de los usuarios.
Los reguladores estadounidenses también estudian si la publicidad online de Google le beneficia en sus ingresos por anuncios y en su negocio de búsquedas. De hecho, un grupo de fiscales —incluido el de Arizona, Brnovich— y el departamento de justicia de EEUU están investigando al respecto y se espera que en los próximos meses lleguen nuevas acciones legales.
Recientemente, Sundar Pichai, el responsable de la matriz de Google, Alphabet, se ha sometido a un interrogatorio como parte de una comisión de investigación en la que se dilucida sobre las prácticas monopolísticas de esta compañía y otras (Amazon, Apple y Facebook).
Este artículo fue publicado en Business Insider España por Carlota G. Velloso.