El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador confirmó que de cara a las elecciones generales del 7 de febrero del 2021 hubo tres solicitudes de registro de alianzas para la contienda presidencial, incluyendo una de ellas al expresidente Rafael Correa como precandidato a la vicepresidencia.
De esta forma, Correa, radicado actualmente en Bélgica y con procesos judiciales pendientes, insiste en postular, pese a que el propio CNE rechazó el último martes que el exmandatario realice el trámite de proclamación y aceptación de precandidatura de forma telemática.
Cabe recordar que el reglamento respectivo establece que se trata de una medida “expresa, indelegable y personalísima”.
De acuerdo a lo informado por Diana Atamaint, presidenta del CNE, en conferencia de prensa este viernes, la alianza que incluye a Rafael Correa es la de Unión por la Esperanza (Unes), conformada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. El binomio de este bloque postula al exministro del correismo Andrés Aráuz Galarza a la presidencia de Ecuador.
La segunda alianza es la del Partido Socialista Ecuatoriano y Concertación, cuyo binomio es integrado por el excongresista César Montúfar como candidato a la presidencia y Julio Villacreses, periodista y activista por los derechos humanos, como aspirante a la vicepresidencia.
La tercera es integrada por el Partido Social Cristiano y Creo, que postula a la presidencia a Guillermo Lasso, quien fue derrotado por Lenin Moreno en segunda vuelta en el 2017, y a la vicepresidencia al médico Alfredo Borrero. El plazo para solicitar el registro de las coaliciones venció el 3 de setiembre.
En total, entre alianzas y organizaciones políticas que participan individualmente en la contienda electoral, hay 16 precandidatos a la presidencia.
Lo que sigue
El pleno del CNE deberá reunirse y emitir una resolución sobre las solicitudes de registro de alianzas. Además, de acuerdo al calendario electoral, del 18 al 7 de octubre es el plazo para la inscripción de las candidaturas.
Por un lado, antes de proclamarlos como candidatos, el CNE deberá calificar las solicitudes de inscripción de los precandidatos. “Cuando lleguemos a la etapa de verificación de requisitos (de las candidaturas) y encontremos alguna inhabilidad o prohibición, las organizaciones tienen 48 horas para buscar un candidato que reemplace”, manifestó Atamaint en la conferencia, según reporta “Expreso” de Ecuador.
Más temprano, en entrevista con la radio i99 indicó que lo que corresponde en dicha etapa es determinar si los precandidatos cumplen con los requerimientos legales, como por ejemplo haber participado en procesos de democracia interna o no estar incursos en causales de inhabilitación que establecen la Constitución y las leyes.
“Puede haber sorpresas, porque cualquier candidato puede no cumplir con los requisitos o estar inhabilitado en algún momento hasta que no quede firme su inscripción de la candidatura”, advirtió en la citada emisora.
Decisión judicial pendiente
Pero las complicaciones para Correa van más allá de la normativa electoral, también se ventilan en la judicial. El artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia contempla entre las prohibiciones para ser candidato de elección popular: “Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción”.
Asimismo, el artículo 81 de la Ley Orgánica Electoral establece: “Las juezas o jueces que dictaren sentencia suspendiendo los derechos políticos, cuando ésta estuviere ejecutoriada, comunicarán al Consejo Nacional Electoral”.
Precisamente, Rafael Correa se encuentra inmerso en un proceso judicial. En julio pasado, la Corte Nacional de Justicia ratificó en segunda instancia una sentencia de 8 años de cárcel para el exmandatario por el delito de cohecho. El caso alcanzó a otras 17 personas y se vincula a una trama de corrupción y sobornos a cambio de la entrega de contratos entre el 2012 y 2016.
La justicia ecuatoriana también ordenó que los condenados, entre ellos Rafael Correa, pierdan su derecho de participación política por 25 años. Ello implica que el expresidente quede inhabilitado para participar en las elecciones; sin embargo, actualmente está jugando sus últimas cartas a través de un recurso de casación tramitado ante la Corte Nacional de Justicia en Quito.
El Tribunal de Casación realizó dos jornadas de audiencias para escuchar los alegatos de los solicitantes y los reparos de la fiscalía y la procuraduría. Luego de la segunda llevada a cabo este viernes, convocó a otra sesión para este lunes 7 a fin de emitir su resolución de forma oral sobre el denominado Caso Sobornos.
Correa intervino vía virtual desde Bélgica. “Jamás he permitido un soborno, es una persecución política, están destruyendo familias por perseguirme a mí”, aseveró.
El proceso de inscripción de candidaturas ante el CNE y la decisión judicial en torno al recurso de casación serán claves para las pretensiones de Rafael Correa.
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