El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa por la que el Gobierno puede adoptar medidas para prevenir la propagación de los mensajes de odio en las redes sociales.
La iniciativa propuesta por Unidas Podemos no ha contado con los votos del PP ni de Vox, pero ha sido aprobada. El diputado Ismael Cortés de Podemos ha pedido que se siguiera el ejemplo de Alemania y Francia donde se han redactado leyes para vigilar y eliminar los discursos de odio en internet.
La propuesta hace referencia a la creciente polarización entre la opinión pública tras la llegada del coronavirus. Según Europa Press, Podemos alega que el dolor provocado por la pandemia se ha instrumentalizado con fines políticos y se ha puesto en riesgo la seguridad física y la integridad moral en «linchamientos» digitales.
Dentro de la iniciativa se pide al Gobierno de España que tome las medidas oportunas para que se simplifiquen los mecanismos para denunciar este tipo de mensajes y se reduzca el tiempo que se tarda en procesar esas denuncias. Además piden que las empresas tecnológicas dueñas de las redes sociales o plataformas en las que se difunden esos mensajes tengan un tiempo límite de 24 horas para eliminarlos.
Ese tiempo límite en el caso de que los mensajes de odio estén dirigidos a menores de edad se reduciría a menos de una hora para que empresas como Facebook, Google o Twitter eliminarán el contenido.
La propuesta ha sido aprobada con el apoyo de Esquerra Republicana y con los partidos de Vox, Ciudadanos y PP en contra. Estos consideran que la iniciativa atenta contra la libertad de expresión. Eloy Suárez del PP ha dicho: «Ustedes pueden criticarlo todo pero a ustedes no se les puede decir la mínima palabra» haciendo referencia a que Podemos «ha señalado domicilios de jueces y diputados para escraches«.
Se trata de una Proposición No de Ley, por lo que no es una ley que se vaya a publicar en el BOE. Por el contrario, lo que se pretende es instar al Gobierno a tomar medidas sobre este asunto. Entre las sugerencias que incluye la iniciativa, se insta a aumentar la cooperación entre los operadores de las empresas TIC con las autoridades fiscales y policiales competentes para investigar, identificar y enjuiciar infracciones penales.
Borja Adsuara explica en La información que la obligación de las redes sociales ya se contempla en el art. 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Sin embargo, con esta iniciativa se acortaría el tiempo de reacción ante mensajes que no están constituidos como delito y, por lo tanto se entraría en un debate para aclarar quién decide qué es un mensaje de odio.