La campesina ambientalista Máxima Acuña demandó al Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por no protegerla de violencia de género en medio del conflicto por territorios que mantiene con una minera controlada por la gigante Newmont.
Según las ONG Grufides y Demus, el gobierno peruano incumplió su deber de tutelar los derechos de Acuña, quien asegura ser víctima de ataques por parte de la minera Yanachocha en Cajamarca (norte) desde el 2011.
«Esta violencia no solo ha sido reiterada sino que ha aprovechado la condición de mujer de esta ciudadana, habiéndose configurado como violencia de género en un contexto de conflicto socioambiental», informó Mirtha Vásquez, abogada de Acuña, en un comunicado. «Esperamos que la CIDH evalúe estas vulneraciones de derechos humanos sufridos por esta ciudadana campesina, en quien se han profundizado las secuelas ocasionando el deterioro de su salud física, psicológica y emocional», agregó.
Vía interna agotada
De acuerdo con Vásquez, esta petición se realiza ante la CIDH luego de agotarse la vía interna en Perú, ya que la fiscalía archivó la denuncia por violencia de género que se presentó en abril de este año. Por su parte, María Ysabel Cedano, directora de Demus, precisó que «la violencia de género en conflictos sociales es una de las 15 modalidades reconocidas en el nuevo Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021».
La lucha de Acuña comenzó en 2011, cuando el consorcio Yanacocha, integrado por la multinacional Newmont y la peruana Buenaventura, le pidió que dejara las tierras donde vivía, cercanas a unos depósitos de oro, para desarrollar el proyecto minero Conga. La compañía asegura haber adquirido esa propiedad a los comuneros y dice que busca el diálogo.
Sin embargo, Acuña denuncia que ella nunca vendió nada y que tiene los documentos para defender su territorio, con pastizales y manantiales de agua. Las escaramuzas y denuncias de agresiones entre ambas partes han sido constantes en los últimos años.