El ministro de Salud, Óscar Ugarte, recordó que la ley 31091 (en su artículo 5) permite que las empresas privadas puedan importar las vacunas contra la COVID-19; no obstante, precisó que esto «no debería significar costo para el usuario» y que «eso no signifique romper la cronogramación de prioridades y que por lo tanto terminen saltándose la fila»
En entrevista con RPP Noticias, señaló el temor respecto a que este mecanismo legal para las empresas que cuentan con los recursos pueda generar que, por ejemplo, jóvenes que se encuentran en el grupo de tercera prioridad se terminen vacunando antes de los adultos mayores.
«Eso hemos planteado y los representantes del empresariado con los que hemos conversado están de acuerdo: hacerlo en esas condiciones, en ese orden, y sin romper esa priorización que ha hecho el Gobierno», apuntó.
En otro momento, Ugarte descartó que haya «trabas burocráticas» para la importación de concentradores de oxígeno, un artículo utilizado por pacientes graves de la COVID-19 para poder seguir respirando.
Con esto el funcionario respondió a las declaraciones que hizo el fujimorista Diethell Columbus, quien minutos antes había criticado la “burocracia” de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) para autorizar la importación de concentradores de oxígeno.
“Basta entrar a los mecanismos de información general y se va a encontrar varias empresas que venden. La empresa Hiraoka, por ejemplo, vende concentradores. El mercado está totalmente abierto”, comentó.
Al ser consultado sobre los elevados precios que tienen estos concentradores, que pueden superar incluso los 20 mil soles, Ugarte señaló que «el mercado no está cubriendo la necesidad» de estos aparatos, lo genera el incremento de su valor.
«Es un tema estrictamente de mercado. Cualquiera puede importar en mayor cantidad y, efectivamente, se regula el mercado. (…) El mercado no está cubriendo esa necesidad (de concentradores), pero nosotros no podemos intervenir diciendo ‘a ver importa tú, importa quién'», comentó.
Al respecto, el ministro señaló que el Gobierno está realizando compras «para cubrir por parte del Estado situaciones más críticas». Ugarte apuntó, no obstante, que no cualquiera puede importar, ya que “hay un mínimo de requisitos para que esa empresa cumpla con esa función, que son requisitos técnicos”.
Empresas no podrán comprar antes que el Estado termine negociaciones
Días atrás, Ugarte ya había adelantado que el sector privado no podrá comercializar las vacunas contra la COVID-19 antes que el Estado culmine con las negociaciones con todos los laboratorios.
Según explicó, esta no es una decisión del Gobierno, sino que las farmacéuticas, a nivel mundial, solo están vendiendo sus vacunas contra la COVID-19 a los diversos estados.
«Los privados no van a poder acceder a compras libres mientras no se cierre el negocio con el Estado», dijo en entrevista con Agenda Política.
Asimismo, precisó que para que un privado pueda comprar tiene que haber registrado el medicamento en Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).
Pese a que existe una normativa que autorizaría a las empresas a comprar vacunas, la aplicación debe de seguir diversas pautas.
«La norma solo impone una condición, que no contravenga el artículo 234 del Código Penal, que indica que cuando son bienes esenciales, como ha sido categorizada la vacunación, no pueden cobrar más de lo que cobra el Estado. El Estado no cobra, es gratuito», explicó.
El ministro indicó que la vacuna tiene como primera condición ser gratuita para todos, por lo que la posibilidad de pago se vuelve en un factor discriminador e inequitativo y «es algo que no se puede aceptar» durante el actual escenario.
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