Percy Castillo, adjunto de la Defensoría del Pueblo para los Derechos Humanos, explicó la importancia de la sentencia del Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima a favor de la psicóloga Ana Estrada.
“Es un tema de derechos humanos en la medida de la base de ellos es la dignidad. La vida es un derecho humano, pero también existe el derecho a la vida digna y un consiguiente relato de morir en condiciones dignas”, expresó en Ampliación de Noticias de RPP.
Asimismo, recalcó que la Defensoría del Pueblo tomó el caso de Estrada debido a que estaban “frente a la evidente necesidad de respaldar a una persona cuyos derechos en ese momento no podían ser invertidos”.
“Era evidente que estábamos frente a una manifestación de la dignidad humana que es morir en condiciones justamente dignas. Pudimos con ella construir la demanda que presentamos hace un año”, añadió.
Respecto a una posible apelación a la sentencia en primera instancia, Castillo recalcó que volverán a exponer los fundamentos de la demanda para esperar que sea ratificada.
“Tuvimos la sentencia favorable, la cual consideramos sólida, y estamos esperando que transcurra el plazo de los tres días para saber si las entidades van a apelar o no”, sostuvo.
“El problema que podemos advertir es el tiempo que va a transcurrir. Si hay apelación, vamos a hablar de un tiempo importante hasta esperar que esta sentencia sea ratificada”, advirtió.
El adjunto de la Defensoría del Pueblo precisó que cuando la sentencia sea definitiva, “abrirá camino para que toda persona en igual situación de Ana pueda recurrir al Poder Judicial y solicitar que se le permita este derecho a morir en condiciones dignas”.
“El problema que se van a enfrentar es que van a tener que recurrir a todas las instancias judiciales, pero frente a un precedente sería más sencillo a que la justicia resuelva en un sentido similar”, manifestó.
PROYECTO DE LEY
Castillo indicó que ya existe el primer proyecto de ley en el Congreso, “que abre la oportunidad a que el tema sea debatido en sede legislativa”. De esta manera, se busca que se pueda contar con una legislación de alcance general.
“Es una oportunidad que se abre y que la Defensoría del Pueblo exhorta a que se debata este proyecto”, que -según comentó- se encuentra en la Comisión de Justicia y la Comisión de Salud del Congreso.
“Corresponde abrir el debate, que se expongan las consideraciones y la Defensoría lo hará en base a la experiencia que tiene en relación al caso de Ana, porque no es posible que para ejercer un derecho se tenga que esperar años”, concluyó.
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