Las autoridades de Arabia Saudita ejecutaron este martes a un joven de 26 años condenado a muerte por «revuelta armada» contra el Gobierno, pese a la reciente petición de Amnistía Internacional (AI) para detener su ejecución tras un juicio considerado si garantías por la organización de derechos humanos.
«La sentencia de muerte fue aplicada como castigo al delincuente Mustafa bin Hashim bin Issa Al Darwish hoy en la ciudad de Damam», en el oeste del reino, informó el ministerio de Interior saudí en un comunicado.
«Al Darwish, ciudadano saudí, lanzó una revuelta armada contra el Gobierno y desestabilizó la seguridad en este país al formar con algunos terroristas una célula para matar a agentes de seguridad, provocar disturbios, caos y luchas sectarias», añadió el texto.
Al joven también se le acusó de participar en la «fabricación de bombas y cócteles molotov», «intentar matar a guardias de seguridad» y «reunirse con algunos de los buscados» por la justicia del reino.
La advertencia de Amnistía Internacional
Aministía Internacional pidió la semana pasada a las autoridades «detener inmediatamente todos los planes para ejecutar a Al Darwish, al considerar que había sido declarado culpable de participar en disturbios y condenado a muerte en 2018 tras un juicio plagado de deficiencias y basado en una confesión obtenida mediante tortura».
La organización advirtió en un comunicado que su ejecución «socavaría en gran medida» la tendencia a la baja en el número de ejecuciones anuales en Arabia Saudita, que en 2020 fueron un 85 % menos que el año anterior, cuando se aplicó la pena capital a 184 reos.
También recordó que Al Darwish fue detenido 2015 por su presunta participación en disturbios entre 2011 y 2012, cuando podría haber sido incluso menor de edad.
Se trata de la segunda ejecución en Arabia Saudita en una semana, después de que el pasado miércoles fuera ejecutado un egipcio, identificado como Walid Al Zuheiri, por haber asesinado a un policía en 2020.
Las ejecuciones en Arabia Saudí se efectúan con sable y la gubernamental Comisión de Derechos Humanos anunció en enero pasado haber reducido su número en un 85% para las personas condenadas por crímenes «no violentos», aunque se sigue aplicando a los casos de terrorismo, en los que muchas veces se incluyen los disidentes políticos. (EFE)
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