El Poder Judicial postergó este martes, por segunda vez, la lectura de una resolución que determinará si el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es procesado por denuncias de esterilizaciones forzosas cometidas durante su gobierno.
El magistrado Rafael Martínez, del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado, suspendió la lectura de la resolución hasta el próximo 29 de setiembre.
En este caso se acusa y plantea procesar por autoría «mediata» (con dominio del hecho) a los máximos responsables de las esterilizaciones que causaron la muerte de ciudadanas como Mamérita Mestanza, por la que el Estado peruano reconoció en 2003 su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La lectura comenzó el pasado 14 de septiembre, pero el juez la postergó para este martes, aunque durante esta jornada ofreció una reseña histórica del caso y los acuerdos ratificados por Perú sobre derechos reproductivos y sexuales, como el Pacto de San José, la Convención de Viena y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Posteriormente, informó que la lectura de la resolución continuará desde las 10.00 horas del próximo 29 de septiembre.
ACUSACIÓN FISCAL
Durante la etapa de acusación, el fiscal Pablo Espinoza afirmó que Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, es «el máximo y principal responsable de las lesiones graves seguidas de muertes y lesiones graves producidas como consecuencia de la realización masiva de anticoncepciones quirúrgicas» realizadas durante su gobierno.
Por ese motivo, planteó que se le enjuicie junto con sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, actual congresista de Fuerza Popular.
En el régimen de Alberto Fujimori se diseñó y presentó un plan de control de la natalidad que planteaba reducir los índices de pobreza y tasa de nacimientos entre la población rural y de la selva peruana, con el fin de elevar las condiciones económicas del país.
Sin embargo, este plan dio prioridad a la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), principalmente entre mujeres, sin cumplir con los protocolos de información previa, voluntad y condiciones adecuadas, e imponiendo «cuotas» para los médicos a cargo de las operaciones.
(Con información de EFE)
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