El 4 de setiembre se cumplieron 20 años del establecimiento de la Reserva Nacional Tambopata. Hablar de Tambopata es como describirme a mí misma, es una parte muy importante de mi vida y solo pensarla me hace soñar e imaginarme el cielo más azul que he visto en mi vida. Cada vez que me preguntan por qué elegí el Derecho Ambiental, solo pienso en esa reserva, en mis hijas bañándose en el río, en los animales corriendo libres y en toda esa maravilla que me llena de orgullo como peruana. Tambopata me hace amar fuertemente a mi país, pero también me hace recordar que tener este tesoro de la naturaleza en nuestras manos implica una gran responsabilidad.
Sabemos y reconocemos todos los esfuerzos que se han dado para que esta reserva nacional no caiga en las manos de la minería y tala ilegales, y otras actividades que nos quieren arrebatar nuestro patrimonio natural. Todos los que conocemos Tambopata, sabemos, hemos visto o conocemos lo que es La Pampa, un área donde se concentró la minería ilegal, donde reinaba el crimen, la contaminación con mercurio, la trata de personas y que, en conjunto, estaban carcomiendo la zona de amortiguamiento de esta reserva. Por esa razón reconocemos las acciones del Estado, como el Operativo Mercurio, y los esfuerzos del Comité de Gestión de la Reserva, que han logrado reducir esta actividad en la zona. Sin embargo, es necesario advertir que otros frentes están surgiendo, otros puntos se están convirtiendo en foco y punto de la ilegalidad, y por ello debemos actuar de inmediato porque descuidar este rebrote sería como avanzar dos pasos, pero retroceder tres.
La minería ilegal amenaza a la Reserva Nacional de Tambopata, al Parque Nacional Bahuaja Sonene y a la Reserva Comunal Amarakaeri. Los ilegales se mueven rápido, buscan nuevos frentes, se camuflan, desparecen un tiempo y luego se “reinventan”. Ante ello, necesitamos una estrategia integral de protección de nuestro patrimonio, que no mezcle informalidad con ilegalidad, que genere precedentes legales de sanciones ejemplares. Para enfrentar a los ilegales, la Operación Mercurio funciona, pero, ¿podemos tener siempre a las Fuerzas Armadas protegiendo nuestras áreas? Es necesario que el Estado haga todo el esfuerzo posible para que la protección de esta zona sea permanente.
Recuperar La Pampa fue una medida valiente y necesaria; sin embargo, ¿cuántas “pampas” podremos aguantar? Se dice que los ilegales se han movido hacia Apaylon y Pariamanu, que todavía no son muchos pero ya están entrando a territorios indígenas, invadiendo sus comunidades. ¿Cómo medimos el daño, cuándo determinamos que es poco o mucho, qué podemos hacer con todos ellos? Queda claro que estos focos continuarán y que se deben apagar todos, por ello es necesario e inmediato contar con un sistema de alerta temprana que identifique y evalúe esos riesgos, y que al detectarlos se activen de inmediato todos los protocolos para su paralización. Por supuesto, no debemos olvidar a los defensores ambientales que protegen la zona. Reconocer la importancia de estos peruanos no basta, también es necesario activar todos los mecanismos posibles para evitar más atentados como el ocurrido recientemente con Roberto Pacheco, quien fue asesinado el pasado 11 de setiembre.
Sería recomendable, además, monitorear de manera articulada todos los niveles de la cadena, desde los insumos hasta la producción final. Todas las actividades relacionadas a la minería ilegal nos hacen daño, nos quitan algo de nuestro patrimonio y no deberíamos permitir que siga sucediendo. El presidente Martín Vizcarra anunció, en uno de sus mensajes presidenciales, que para el 2021 todas las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento estarían libres de minería. Entendemos que por la pandemia el escenario cambió, pero debemos tener también muy claro que la pandemia no frenó la ilegalidad, sino la alimentó. Entonces, el Gobierno no debe olvidar ese compromiso, y nosotros debemos pedir que se cumpla, porque es nuestro patrimonio natural el que está en juego.
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