Google podría estar vulnerando la privacidad de los usuarios en distintos términos, según documentos judiciales.
Google es una de las empresas que más suelen sonar cuando se debate sobre la privacidad de los usuarios. Su negocio se basa principalmente en la publicidad y siempre intenta acceder al máximo de información posible con la intención de que esta sea muy segmentada, pero en ocasiones se sobrepasa en la labor, como puede haber ocurrido según los últimos documentos.
Según informan en Gizmochina, desde el año pasado se está tratando la demanda presentada por el estado de Arizona contra Google en la que se analizan distintas actuaciones de la empresa, como el rastreo ilegal de la ubicación o algo de lo que ya hemos hablado anteriormente: ocultar en lo posible la configuración de privacidad.
En lo que corresponde al acceso a la ubicación aunque el usuario hubiese desconectado los permisos, esta es una práctica de la que supuestamente estaban al tanto los principales ingenieros y ejecutivos de Google y que el usuario carecía de la posibilidad de bloquearla, aunque deshabilitase la opción, continuaba en segundo plano.
El fiscal general del estado de Arizona, Mark Brnovich, presentó esta demanda en 2020 y existe mucha expectación por saber cómo se resuelve un caso único que puede obligar a Google a devolver las ganancias logradas mediante los anuncios mostrados a los residentes de este estado y unas cifras en multas complicadas de calcular.
Por parte de la empresa se ha respondido a la situación informando que no se están catalogando correctamente sus servicios y opciones. También alegan que siempre han ofrecido unos rigurosos controles a los usuarios sobre las opciones de ubicación. Del mismo modo, esperan que todo esto sirva para aclarar las acusaciones en su contra.
Google sigue siendo el buscador hegemónico y parece complicado que todo esto sirva para reducir el número de usuarios, o que impulse migraciones desde Android a otros sistemas operativos, pero en caso de ser ciertas las acusaciones, se verá en la obligación de reparar esta posible ilegalidad, además de pagar cuantiosas sanciones.