El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló que no hay inconvenientes para cumplir con la disposición de la Fiscalía de cremar el cadáver del cabecilla terrorista Abimael Guzmán.
«No tenemos ningún problema», destacó e indicó que solo un crematorio en el país se ha rehusado a llevar a cabo este procedimiento, pero «hay muchos otros más» que podrían realizarlo.
Aníbal Torres evitó responder cómo procederían las autoridades si otros crematorios se expresaran en el mismo sentido, y afirmó: «todo está resuelto, para nosotros nada es imposible».
Asimismo, dijo que no podía precisar los detalles de dónde o cómo se realizará la incineración, pues por disposición de la ley «eso es reservado».
Hoy se cumplen doce días desde que, a través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario informó sobre la muerte de Abimael Guzmán, desde entonces permanece en la Morgue Central del Callao.
Se prevé que a más tardar mañana, cuando se cumplan las 24 horas de ley, el cuerpo del fallecido líder de Sendero Luminoso ya debería haber sido incinerado.
Disposición fiscal
Esta tarde, el Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao dispuso la cremación del cuerpo de Abimael Guzmán Reinoso.
A través de un comunicado, Fiscalía de la Nación señaló que la decisión se da en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley No 31352, que establece el destino de los cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por delitos de traición a la patria o terrorismo, en condición de líderes, cabecillas o integrantes de cúpulas de organizaciones terroristas.
Además, se notificó la decisión a la Autoridad Sanitaria, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio del Interior para que inicien las coordinaciones destinadas a recoger los restos del cabecilla terrorista de la Morgue Central del Callao y cumplan con la cremación y el destino final de sus restos en un plazo máximo de 24 horas.
La resolución emitida por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao se fundamenta en los términos de la Ley N° 31352 que señala la necesidad de evitar poner en riesgo la seguridad nacional y el orden interno ante las circunstancias que describe la norma.
«Asimismo, se sustenta en la defensa de los intereses públicos y el interés social que competen al Ministerio Público, en su defensa de la legalidad y constitucionalidad, y considerando que sus decisiones tienen impacto en la sociedad», destacó el documento.