Casi toda la deforestación registrada en la Amazonía de Brasil es ilegal y la promesa del presidente Jair Bolsonaro de eliminar esa devastación es poco realista debido a la falta de transparencia sobre el uso autorizado de la tierra en esa región, según un informe publicado este lunes.
Bajo presión para reducir la destrucción de la mayor selva tropical del planeta, Bolsonaro prometió durante la Cumbre sobre el Clima del mes pasado eliminar la deforestación ilegal hacia 2030.
Una misión que parece imposible, dado que las autoridades han fracasado en implementar leyes para determinar cuánto y dónde se deforesta legalmente, indica la investigación, realizada por universitarios y expertos de organizaciones ambientalistas, entre ellas World Wildlife Fund Brazil, el Instituto Centro da Vida, el Instituto IMAFLORA.
El reporte indica que 94% de la deforestación en la Amazonía y la región circundante de «Matopiba», que engloba parte de los estados de Maranhao, Tocantins, Piauí y Bahía, es ilegal.
Esto ocurre porque incluso en los casos en que los agricultores, ganaderos y madereros tienen permiso para usar la tierra, las autoridades son incapaces de documentar cómo se aplica la legislación para su explotación legal.
«La diferenciación entre la deforestación legal e ilegal es un factor clave para garantizar que la producción agrícola y forestal no están contaminadas por crímenes ambientales», subraya el texto.
EXPLOSIÓN DE DEFORESTACIÓN
En los 12 meses previos a agosto de 2020 (año de referencia en esa medición), la deforestación en la Amazonía brasileña aumentó de 9,5%, destruyendo un territorio mayor al de Jamaica, según datos oficiales.
El presidente ultraderechista está bajo una fuerte presión internacional para limpiar la imagen de su gobierno en temas medio ambientales y el poderoso agronegocio está preocupado por las consecuencias de esas críticas en el mayor exportador de carne y soja del mundo.
«Bolsonaro hizo esa promesa de deforestación [ilegal] cero, pero ¿cómo vamos a saberlo, si no está disponible esa información?», dijo a la AFP Paula Bernasconi, coordinadora del Instituto Centro da Vida.
«Es urgente un mayor esfuerzo técnico y de voluntad política para el cumplimiento de la legislación ambiental y de la ley de acceso a la información», insta el coautor del estudio, Raoni Rajao, de la Universidad Federal de Minas Gerais. «De lo contrario, la falta de transparencia continuará sirviendo como un escudo para la destrucción continua de los ecosistemas», agregó.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la semana pasada un proyecto de ley que flexibiliza las exigencias ambientales para emprendimientos agropecuarios y energéticos.
Ese texto, que aún debe ser votado en el Senado, dispensa de licencia a las actividades agropecuarias de «pequeño porte» o «sin riesgo biológico» en propiedades ya registradas.
Contempla asimismo un tipo de «licencia por autorización de compromiso», mediante la cual bastará con una promesa escrita de cumplimiento con las normas ambientales para iniciar obras de duplicación de carreteras o de líneas eléctricas.
(Con información de AFP)
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