La UE ha sido claro, si los Estados necesitan algún datos de los usuarios de una operadora, deberán contar con la aprobación de un juez o una entidad intependiente.
Organizaciones como Privacy International y La Quadrature du Net denunciaron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que el abuso que algunos Estados miembro y sus sistemas de vigilancia suponían para la privacidad de los ciudadanos.
Ante este caso el Tribunal ha sido rotundo y ha dictaminado que los países de la Unión no podrán pedir a las operadoras esos datos salvo en casos excepcionales. Únicamente podrán pedir información ante «una grave amenaza a la seguridad nacional«.
Aún así, será necesaria la aprobación de un juez o «una autoridad administrativa independiente» como indican en la sentencia. Sin esa orden los Estados no podrán solicitar información a las operadoras de telecomunicaciones.
Los Estados solicitaban poder pedir a las operadoras información generalizada e indiferenciada que hayan recolectado sobre el uso que hacen sus clientes de las conexiones de sus teléfonos. Esto podría suponer los registros de llamadas telefónicas, mensajes y un gran número de datos personales y la vida de estas personas.
Países como Reino Unido, Francia y Bélgica cuentan con organismos de vigilancia y leyes que les permitían solicitar toda esa información a las empresas de telecomunicaciones nacionales. Sin embargo, con esta nueva sentencia se invalidan estas actividades y el proceso será mucho más complicado para los Estados.
De manera similar, la Unión Europea ya dictaminó hace meses que empresas de Estados Unidos no podían enviar datos de los usuarios europeos fuera de la U.E. Se determinó que las leyes de seguridad nacional de los EE.UU. no cubren la privacidad de los ciudadanos europeos.
Se escribe así un nuevo capítulo en la ley de protección de datos que, con las nuevas tecnologías, requiere una revisión constante ahora que nuestros datos personales pueden circular con tanta facilidad.