El presidente de Chile, Sebastián Piñera, quedó envuelto el lunes en una polémica tras asistir al funeral de su tío arzobispo que murió tras contagiarse de coronavirus y fue despedido en una ceremonia que sobrepasó en número al máximo establecido en el protocolo de la pandemia.
El funeral de Bernardino Piñera, de 104 años, arzobispo emérito de la ciudad de La Serena, investigado por el Vaticano por un supuesto abuso sexual a un menor de edad hace cinco décadas, tuvo lugar el domingo en un cementerio privado de Santiago.
En redes sociales circularon imágenes de la ceremonia en la que se ve a más de 20 personas reunidas, entre ellas un pequeño grupo de músicos, sacerdotes y fotógrafos. Algunos medios contabilizaron hasta 31 personas en el sepelio.
Lo más polémico de este video difundido también por medios locales es que muestra al propio Piñera solicitar la apertura del ataúd, que debe permanecer sellado por protocolo sanitario, pese a que varias voces le advierten que eso no se puede hacer.
En las imágenes se ve que algunos de los asistentes no respetan tampoco la distancia física y se retiran la mascarilla para recibir la comunión.
El sacerdote vivía en un hogar de ancianos y se había contagiado de coronavirus en mayo. De acuerdo con las autoridades de Salud, ya había superado la enfermedad al momento de morir.
Pero en su discurso en el funeral, el presidente Piñera afirmó que su tío murió por coronavirus: «No es casualidad que haya muerto en el día del padre (celebrado el domingo en Chile) y víctima de una enfermedad que ha causado tanto dolor y sufrimiento a las familias chilenas», dijo en el sepelio.
Consultada por la prensa, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, afirmó que el funeral se ajustó «100 % al protocolo» establecido, al asistir 18 miembros de la familia. Daza también explicó que el ataúd se abrió, porque contaba con un vidrio «absolutamente sellado».
El protocolo de las autoridades por la COVID-19 permite un máximo de 20 personas y que el ataúd permanezca sellado, además de reglas de distanciamiento físico de un metro entre los asistentes.
Por su parte, el diputado opositor Gabriel Ascencio anunció que pedirá a la Fiscalía una investigación. «Quienes ponen en riesgo la salud de los chilenos tienen que ser sancionados», afirmó.
La semana pasada, Chile endureció las sanciones para quienes no respeten la cuarentena -con penas de hasta cinco años de cárcel- en un intento desesperado por contener el avance de los contagios de coronavirus, que el lunes superaron los 246.000 y más de 7.000 fallecidos si se consideran los casos «probables». (AFP)
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