La fiscal estadounidense Elise LaPunzina desestimó los argumentos de Alejandro Toledo para evitar la extradición y alegó que se cumplen con los requisitos para que el expresidente sea repatriado al Perú, donde es investigado por recibir sobornos de la empresa Odebrecht.
La defensa del exmandatario aduce que el Tratado de Extradición entre Perú y Estados Unidos señala que una persona sujeta a esta norma tiene que ser acusada porque así se interpreta del inglés “charged with” (con cargos o delitos), que señala el artículo 1.
Pero LaPunzina aclara que el término “charged with” significa que la persona “es buscada para enjuiciarla” y eso es diferente a “un sentenciado” o “un culpable” de haber cometido un delito. Así lo señala en el escrito enviado hoy al juez de California Thomas Hixson, y al que accedió Perú21.
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El artículo 1 del Tratado, en su versión en inglés, señala: “Persons whom the authorities in the Requesting State have charged with, found guilty of, or sentenced for, the commission of an extraditable offense”.
Al respecto, el Estado peruano se pronunció y argumentó que esa directriz debe ser también leída en español, ya que se suscribió en ambos idiomas. Según esta postura, el artículo dice: “Los Estados contratantes convienen en extraditar recíprocamente, de acuerdo con las disposiciones del presente tratado, a personas que estén procesadas o hayan sido declaradas culpables o condenadas por las autoridades del Estado requiriente”.
La fiscal agrega que el Estado peruano ha imputado debidamente y con documentación los delitos por los que se le investiga a Toledo Manrique: tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Estos alegatos serán discutidos de forma oral en la audiencia del 4 de setiembre.
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El juez Hixson, de otro lado, acogió el pedido fiscal para que la extradición se defina en una audiencia de marzo de 2021, luego de presentar los documentos que sustenten los delitos en los que habría incurrido el exlíder de Perú Posible.
Al exjefe de Estado, quien cumple detención domiciliaria en California, se le atribuye haber recibido US$35 millones den coimas de Odebrecht a cambio de conceder a la empresa, durante su gobierno (2001-2006), la carretera Interoceánica Sur.