En Perú, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer, entre el 16 de marzo y el 2 de julio -fechas en las que se mantuvo vigente la cuarentena general- se registraron 30 feminicidios y hasta 814 casos de violación sexual. Si bien las cifras son menores que las de los meses anteriores o las referencias que se tienen de otros años, la protección de las mujeres y niñas sigue siendo urgente.
En este informe, revisamos los servicios que se vieron perjudicados en la cuarentena e identificamos los retos que genera la nueva normalidad para la atención de denuncias y la educación preventiva en el país.
¿Cómo funcionaron los CEM y lugares de refugio durante la cuarentena peruana?
Desde inicios del Estado de Emergencia Nacional, los CEM -Centros de Emergencia Mujer- quedaron cerrados al público. Esto, porque sus reducidos ambientes no permiten el distanciamiento social y ponen en peligro de contagio tanto al personal especializado como a las denunciantes. Recordemos que los CEM son, en su mayoría, locales cedidos en convenio por municipalidades al Ministerio de la Mujer, que es el sector que administra el servicio. Otros de estos espacios son implementados dentro de comisarías. Y, en todas las situaciones, las oficinas son pequeñas.
Para mayor precisión sobre el estado de los CEM durante la cuarentena, consultamos con Nancy Tolentino Gamarra, viceministra de la Mujer. “Al estar las municipalidades cerradas, también los CEM estaban cerrados. En cuanto a los CEM en comisarías, muchas comisarías se habían contaminado y generaban también un riesgo. Tomemos en cuenta que la estructura promedio de un CEM es de 40 y 60 metros cuadrados y que, al interior de ese metraje, se distribuyen pequeños ambientes o cubículos para la entrevista única de la víctima con varios profesionales. La infraestructura limitada no permitió continuar con ese servicio dentro del CEM”, explicó.
La funcionaria, sin embargo, destaca que el trabajo se modificó y que permaneció activo de manera itinerante, con equipos del Ministerio de la Mujer acudiendo a las emergencias reportadas a través de la Línea 100 u otras dependencias estatales. “Dada la inamovilidad del tránsito, implementamos con los profesionales de los CEM, los equipos itinerantes de urgencia. Es decir, esos profesionales no esperaban a la víctima dentro de un CEM o de un local, sino que -ante la derivación de la Línea 100, de la Policía, del Poder Judicial o la Fiscalía- el personal se constituía a encontrar a la víctima, sea en su domicilio, en el local policial, en el juzgado o donde la persona se encontrara”.
En el país funcionan 15 hogares de refugio para mujeres víctimas de violencia que no tengan otros lugares donde guarecerse. Estos centros de acogida son administrados por el Ministerio de la Mujer, a través de su Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA. De acuerdo con la viceministra Nancy Tolentino, durante la cuarentena -entre el 16 de marzo e inicios de julio- fueron recibidas 176 personas. De ellas, 77 eran mujeres adultas y 99 eran hijos suyos o menores a su cargo. También precisa que en ningún momento hubo hacinamiento en los refugios y que estos siempre se mantuvieron con capacidad para recibir a más personas.
“Estos servicios han tenido vacante durante toda la cuarentena. No ha habido un hogar que haya estado lleno de residentes y que eso haya impedido recibir a una nueva. Hemos, además, aplicado los protocolos de seguridad que ha dictado el Minsa para el ingreso de cada persona, con prueba que descarte que tenga COVID-19 para que no ponga en riesgo a las otras residentes. Sus traslados se hicieron a través de patrulleros, camionetas de serenazgo o vehículos que contratamos. En zonas donde no tenemos propiamente hogares instalados bajo nuestra administración, recurrimos a hogares de la beneficencia o privados y también a otros hogares públicos”, detalló Tolentino para este texto.
Los efectos de la pandemia en la protección de mujeres y niñas
A inicios de este mes, el Fondo de la Población de Naciones Unidas publicó el estudio “Estado de la Población Mundial 2020 – Contra mi voluntad: desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y niñas e impiden la igualdad”. En el texto, se destacan hasta 19 prácticas nocivas contra los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo, que van desde el sesgo de género hasta el matrimonio infantil y la mutilación genital. La organización reconoce, a su vez, que la pandemia ha obstaculizado las tareas de los estados en garantía de la protección de menores y adultas.
En entrevista para este artículo, la representante auxiliar en Perú del Fondo de Población de las Naciones Unidas, María Eugenia Mujica, señaló que la COVID-19 frenó algunos servicios garantes de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Hemos calculado, por ejemplo, que más o menos 30% del personal especializado en salud sexual y reproductiva fue destinado a otras funciones de atención de la pandemia o tuvo que restringir su trabajo por temas de edad o comorbilidades. Esta reducción en la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva y el restablecimiento lento -porque, obviamente, el Estado tiene una serie de desafíos- ha impactado seriamente en los derechos de las mujeres y de las personas en general. Entonces, esto pudo haber generado un crecimiento importante en embarazos no deseados, muertes maternas y riesgos de que no haya una satisfacción de necesidades de planificación familiar”, explicó Mujica.
Walter Mendoza, analista de programa en temas de población y desarrollo del UNFPA, también declaró para este texto. De acuerdo con el especialista, el procesamiento de información es una herramienta que el Estado debería repotenciar a fin de esclarecer los impactos sociales de la pandemia y diseñar estrategias de solución para cada problema.
“Hay que reconocer los progresos del país en cuanto a registros administrativos y censos periódicos en los últimos años, pero siempre ha sido necesario que se aproveche la información al máximo. Además, hay datos en materia de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, que efectivamente no tenemos por múltiples razones; desde la dificultad de plantear una pregunta y de tener respuestas confiables hasta el hecho de no aterrizar ideas claras”, dijo Mendoza.
En el informe “Estado de la Población Mundial 2020” del UNFPA, se señala que una de las dificultades más grandes para los estados será equilibrar sus esfuerzos por la recuperación económica con el correcto funcionamiento de otras políticas públicas. Sobre este tema, Mendoza señaló que, si bien regenerar la productividad y el empleo es una acción urgente, los gobiernos deberían considerar las características de la población y la tendencia de los círculos de pobreza que generalmente se cruzan con hogares sin planificación familiar.
“Hay una economía reproductiva, que es la que hace posible que las familias se desarrollen. El que las adolescentes no caigan en situación de pobreza es una lucha importante. En la realidad, estos círculos se deben, en parte, a la deserción escolar y enfoque en el hogar y en el cuidado como consecuencia del embarazo adolescente. Es urgentísimo luchar contra la pobreza, que recientemente se ha amplificado con la pandemia, pero creo que esta lucha debe acompañarse con la mejora de las condiciones de vida y salud de las y los adolescentes para que no solo se los vea como sujetos de producción, sino también de derechos”, indicó Mendoza.
Para María Eugenia Mujica, es necesario que el Estado amplíe rangos de edad en algunos estudios nacionales como los de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) para tener conocimiento más amplio de los embarazos infantiles, incluyendo los producidos en pandemia.
“En cuanto a violaciones sexuales, las víctimas también son niñas de diez años o menos y también pueden resultar embarazadas. Analizar los embarazos y las maternidades, incluyendo a niñas al mismo tiempo que a adolescentes, es importantísimo. Entiendo que hay muchos desafíos, pero las ausencias en la medición también nos dicen mucho y la respuesta no debería ser dejar de medir. Para erradicar prácticas nocivas, es necesario cerrar brechas de género. Es un tema amplio que, por supuesto, se enriquece con información”, dijo la representante de la UNFPA en Perú.
¿Cómo funcionará la política de prevención de la violencia en la nueva normalidad?
En los más de 100 días de cuarentena, la Línea 100 -el servicio de atención telefónica del Ministerio de la Mujer- registró más de 60 mil llamadas. Contando enero, febrero y parte de marzo, antes de la inmovilización social, el total de comunicaciones superó las 100 mil. Los motivos de cada una fueron variados: denuncias de violencia familiar o sexual, pedidos de información u orientación, entre otros. La gran demanda del servicio se debió, principalmente, a la ausencia de las plataformas físicas como los CEM y a la restricción de movilidad de las personas.
Como la pandemia no ha terminado y aún rige el distanciamiento social, el Estado tiene el reto de llegar a las personas tanto para la atención de sus denuncias como para la educación preventiva de la violencia. “El gran desafío que tenemos es el hecho de usar exclusivamente ahora los medios tecnológicos, las redes sociales para llegar a la población. Y ahí sí hay un gran obstáculo porque no toda la población peruana tiene acceso a internet o computadora en casa. No todas las mujeres, a quienes nos dirigimos con nuestros servicios, tienen conocimiento del tema digital e informático. Ese es un obstáculo que estamos tratando de vencer”, reconoció para este texto la viceministra de la Mujer, Nancy Tolentino.
La funcionaria refiere que se busca continuar con grupos de trabajo, especialistas, dirigentes y lideresas en campañas de prevención de la violencia por redes sociales y que el ministerio confía en la articulación con los otros sectores del Estado. “Estamos articulando con todos los ministerios para transversalizar el enfoque de género al interior de todo el aparato estatal. Estamos trabajando para reducir el impacto que esta pandemia está teniendo en la situación y condición de la mujer peruana. Todos necesitamos juntarnos para brindar oportunidades laborales, a través de proyectos, capacitación en temas digitales, financiamiento de algún emprendimiento, etcétera. No solo se trata de bolsas de víveres o apoyo solidario, sino también de oportunidades laborales para víctimas de violencia”, dijo.
En cuanto a la educación escolar con enfoque de igualdad de género, Gabriela Oporto Patroni, abogada y coordinadora de Litigio Estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), señala que aún es muy temprano para identificar un retroceso de los esfuerzos como consecuencia de la pandemia. Esto, porque el sector educativo en su totalidad ya afronta varios problemas.
“La educación con enfoque de género se enfrenta al problema de la falta de conectividad, pero ese problema es el mismo para todo el material educativo. La relación entre educación y prevención en violencia de género es una relación de largo plazo. Entonces, no es algo que se vaya a evidenciar en los próximos meses porque estamos hablando de niños y adolescentes que se están formando y que, en todo caso, la violencia de género en ellos, se va a reflejar más en su temprana adultez o adultez madura”, dijo.
La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.