La primera aparición de Martín Vizcarra en la escena pública fue en el 2008 liderando el “Moqueguazo”, una protesta social de diez días contra la minera Southern Perú. Un hecho que ofreció pistas de la personalidad de uno de los políticos más controversiales del país. Trece años después, se convirtió en el candidato más votado para el Congreso 2021-2026. Sin embargo, no podría ejercer este cargo tras haber sido inhabilitado políticamente por 10 años por el Pleno del Congreso por el caso «vacunagate».
Para el director ejecutivo de la consultora Vox Populi, Luis Benavente, la figura política de Martín Vizcarra “divide al Perú”. “Él ha estado acostumbrado al enfrentamiento de poderes. Se enfrentaba al Congreso para sacar réditos políticos porque sabía que ese Congreso estaba desprestigiado y con eso sintonizaba con la población”, agrega.
Luego del “Moqueguazo”, Martín Vizcarra fue elegido como presidente del Gobierno Regional de Moquegua en el 2010. Su gestión logró convertir al departamento sureño en el líder del ránking nacional de Educación. Por esta labor recibió las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta en el 2015.
Una década más tarde, Vizcarra es investigado por presuntos cobros de coimas durante su periodo como gobernador regional. Según la tesis fiscal, habría recibido 2,3 millones de soles a cambio de direccionar la adjudicación de las obras del Hospital Regional de Moquegua y de la Planta de Irrigación Lomas de Ilo.
Luis Benavente considera que la figura política de Martín Vizcarra no es constructiva. “Está procesado con evidencias bastante claras que lo comprometen con la corrupción. Además, se ha descubierto que ha mentido muchas veces al país”, explica.
En esa línea, el abogado penalista Carlos Caro coincide en que el comportamiento del exmandatario presenta varias “facetas” que evidencian una conducta negativa.
“La primera es el negacionismo: niega todo, pero no prueba nada, por lo tanto, su estrategia de defensa no es verosímil. Y la segunda creo que es una estrategia de dilación: él siempre está tratando de dilatar las investigaciones. Tratar de que pase la ola política, de que este congreso se vaya, de que eventualmente cambien los fiscales o los jueces para llevar su caso por agua tibia”, acota.
En el 2016, Martín Vizcarra llegó al Ejecutivo como el primer vicepresidente del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y tras la renuncia de este último en marzo de 2018, el ex gobernador moqueguano se colocó la banda presidencial.
Vizcarra heredó el enfrentamiento político con el Congreso de mayoría fujimorista. Las fricciones irreconciliables terminaron con el cierre de este parlamento. En enero de 2020, se eligieron a los 130 nuevos legisladores cuya mayoría, paradójicamente, promovió luego su vacancia.
Durante su gobierno, Martín Vizcarra lidió con el inicio de la pandemia de la COVID-19. La crisis sanitaria se agudizaba con la crisis económica. Pero la mayor crítica a su gestión es el caso “Vacunagate”: decenas de funcionarios públicos que se habían vacunado contra el coronavirus en secreto. El ex presidente y su esposa aparecían en la lista.
La sentencia del «congresista más votado»
Finalmente, el Congreso presentó una acusación constitucional contra el exmandatario por el caso «Vacunagate». Un proceso que ha concluido con su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años. No obstante, Martín Vizcarra podría revertir esta decisión a través de una medida de amparo.
“La única salida para la defensa del expresidente es el control constitucional de dicho procedimiento, en un proceso de amparo, y será el juez constitucional o el Tribunal Constitucional en última instancia el que pueda evaluar si dentro del procedimiento se ha respetado el debido proceso y el principio de la razonabilidad en la imposición de la sanción”, explica el abogado constitucionalista Franco García.
El abogado especialista en derecho electoral Jorge Jauregui argumenta que cabe la posibilidad de que el juez conceda la medida cautelar y suspenda la ejecución de esa inhabilitación. «No hay que olvidar que se trata de derechos fundamentales y cuando se trata de derechos fundamentales, hay pautas a nivel de la Corte Interamericana que hacen prevalecer la elección a un ejercicio de control político que es el de la inhabilitación”, agrega.
Martín Vizcarra, de acuerdo a la acusación del Congreso, faltó a seis artículos constitucionales: al principio-derecho de igualdad ante la ley y no discriminación; al deber del Estado de garantizar servicios de salud; de facilitar acceso equitativo a los servicios de salud; de proteger los intereses nacionales; de funcionarios públicos de estar al servicio de la nación; y al deber de cumplir la Constitución.
En las urnas, Martín Vizcarra recibió el respaldo de más de 165 mil electores. Sin embargo, no podrá ejercer el cargo de congresista.