La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar para este martes 4 de agosto -sesión virtual- a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, para que explique los contratos con el Estado que obtuvo la empresa vinculada a su padre, Jorge Alva, y su hermano.
En la sesión virtual, Alva Luperdi también deberá explicar, entre otros temas, la situación de las empresas beneficiadas con el programa Reactiva Perú que tienen denuncias o están involucradas en investigaciones por actos de corrupción, así como el caso de las empresas que se beneficiaron pese a haberse acogido a la suspensión perfecta de labores.
El pasado viernes, el ingeniero Jorge Alva Hurtado, padre de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, negó tener relación con el Consorcio Geoservice – Hidroenergia, la cual obtuvo el pasado 27 de noviembre la buena pro del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) para que brinde servicios de consultoría por el monto de un millón y medio de soles.
«Quiero aclarar que me desvinculé de la empresa en 2015 y no tengo injerencia en sus asuntos desde ese momento ni recibo ingresos de su empresa desde 2014. He iniciado un juicio que continúa en curso. Ni yo, ni mi familia, tenemos conocimiento de sus contrataciones debido, justamente, a que estoy en juicio con ellos», señaló.
A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el también rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) rechazó la revelación hecha por el programa periodístico Cuarto Poder y negó ser accionista de Hidroenergía Consultores, junto con Juan Armando Olazábal Álvarez y Óscar Armando Olazábal Velarde.
Según la denuncia, una de las dos empresas que integra el consorcio ganador es Hidroenergía Consultores en Ingeniería, la cual tiene como accionistas a Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano, respectivamente, de la ministra de Economía. En su página web, la empresa todavía presenta como directores a Jorge Alva y Juan Armando Olazábal.
En declaraciones recogidas por Cuarto Poder, Mónica Yaya, expresidenta de la OSCE, advirtió que en este caso existió una falta administrativa que debió determinar la inhabilitación de las empresas que conforman el consorcio. En ese sentido, la exfuncionaria consideró necesario que se inicie una investigación fiscal.