Doce personas, entre ellas el director y subdirector del penal de varones de Pocollay (Tacna), Neil Loarte Alvarado y Juan José Payé Ramos, respectivamente, fueron detenidos de forma preliminar como parte de una investigación por presuntos delitos de cohecho pasivo al estar involucrados en una presunta red de trabajo sexual.
En el operativo, el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna allanó las viviendas de 16 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Penitenciarios del Sur’, conformada por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (Inpe).
El Ministerio Público realiza una investigación en el penal de Pocollay a funcionarios del Inpe, por ser, presuntamente, parte de una red de servicio sexual y otros delitos.
RPP se comunicó con el fiscal Ludwing Flores del equipo del Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción, pero no brindó mayores detalles, pues se encontraba en plena diligencia.
En esta acción participaron 180 policías, 27 fiscales y se intervinieron domicilios en Tacna, Moquegua, Arequipa y El Callao.
Habla la presidenta del Inpe
Consulta sobre el tema, la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Susana Silva, precisó que los hechos que se investigan fueron detectados en agosto del 2019.
«En agosto del 2019 se reportó la muerte de una mujer que ingresó al penal (de Pocollay). Y a partir de ahí, se investigó que esa mujer, aparentemente, brindaba sus servicios sexuales. El Ministerio Público empezó a investigar ese hecho y determinó que, en efecto, existía una red de prostitución que manejaba el propio personal del Inpe», dijo a RPP.
Silva dijo que el Inpe ha dado todas las facilidades para el desarrollo de la investigación. «Esa situación da lugar a una investigación de más de un año, porque se vio que esto no era un tema aislado, el de la muerte de una persona, sino que, en rigor, se tataba de algo muchísimo más complejo para identificar cuántas personas estaban involucradas», manifestó.
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Silvia Loli explicó que el número de denuncias de las mujeres víctimas de violencia a través de la línea 100 aumentó en 130 por ciento. Agregó que las mujeres no pudieron salir a denunciar por la cuarentena estricta al inicio del estado de emergencia y los servicios estatales no atendieron.